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Un proyecto de ley de regulación de la desalinización podría empeorar aún más la burocracia para los proyectos de inversión en Chile al agregar nuevos requisitos para obtener una concesión marítima, advierte Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Desalación y Reúso de agua, ACADES.
“El procedimiento de otorgamiento [de una concesión marítima] es complejo en términos de gobernanza. Están los ministerios de Defensa, Bienes Nacionales, Obras Públicas y la [Dirección General de Aguas] DGA. Le da además más facultades discrecionales a la DGA para otorgar la concesión. Eso nunca es bueno”, dijo Palacios a BNamericas después de un taller sobre recursos hídricos organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Durante el evento, Palacios indicó que el mayor problema en la obtención de permisos para los proyectos de desalinización no es la falta de regulación, sino el exceso.
“Hoy lo que hay es un permiso sobre otro”, afirmó.
El proyecto de ley de desalinización, actualmente revisado por la comisión de recursos hídricos del Senado, establecería una estrategia de desalinización de largo plazo y modificaría el procedimiento para obtener concesiones marítimas.
Una crítica de Palacios es que el trámite para obtener dichas concesiones incluiría también aspectos que ya están contemplados en el proceso de evaluación ambiental, a cargo de otra agencia (SEA).
Agregó que, con las modificaciones de los senadores, la situación se ha complicado más, pues se incorporaron conceptos como justicia ambiental y otros pasos que duplican competencias ambientales.
Durante su intervención, el vicepresidente de Acades indicó que los proyectos de desalinización han seguido adelante pese a la falta de regulación específica, aunque con plazos de aprobación muy lentos.
“No es una tecnología compleja, no son plantas nucleares”, aseguró. Algunos proyectos, como una planta en la Región de Atacama que inició operaciones en 2021, tardaron una década en materializarse.
El financiamiento también fue mencionado como barrera, especialmente en sectores distintos al minero, donde las empresas disponen del elevado capital necesario para llevar a cabo los proyectos.
Si bien los costos de la desalinización han disminuido a cerca de US$1,5/m3, la mayoría de las áreas que podrían beneficiarse con las plantas no están a nivel del mar y, en muchas zonas de Chile, aquello significa costos adicionales por bombeo a distancias de hasta 100km hasta ciudades que podrían estar a 1.000m sobre el nivel del mar.
Los costos para sectores como el agrícola son aún mayores, explicó. En dichos casos, planteó la figura de los “swaps de agua”, en los que una ciudad se abastece de agua desalinizada y deja agua dulce disponible para otros sectores.
Chile cuenta actualmente con 24 plantas desalinizadoras en operación, 5 en construcción y 8 que han pasado la evaluación ambiental y debieran comenzar a operar en un futuro cercano.
De estas, el 85% abastecen a empresas mineras y el 15% restante, al consumo humano.

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