La entidad realizó un estudio sobre el efecto económico de la escasez de agua en Arica, con repercusiones que serían extensibles a otras regiones. Pide avanzar con urgencia en desaladoras para esa urbe nortina y las regiones de Coquimbo y Valparaíso.
La inseguridad hídrica o la incertidumbre de no contar con el agua necesaria para el consumo humano y actividades productivas está afectando el crecimiento económico de las regiones más impactadas por la prolongada sequía que aqueja a Chile.

Esto no solo se ve reflejado en los problemas que enfrenta la agricultura de las zonas más golpeadas por la escasez de agua —como Coquimbo u otras—, sino también se está constatando en el freno económico de algunas ciudades y sus proyectos habitacionales, turísticos, comerciales e industriales.

Así lo señala Alberto Kresse, el nuevo presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), quien conversó con ‘El Mercurio’.

El ingeniero civil y académico de la Universidad Federico Santa María —y gerente de Planificación del grupo Aguas Nuevas— señaló que Acades realizó un estudio sobre la situación de Arica para determinar qué le significa a esa ciudad tener inseguridad hídrica, que es ‘el costo de no saber si habrá agua’, indicó.

Kresse sostuvo que hay proyectos habitacionales que no se están desarrollando, al igual que iniciativas turísticas, industriales y comerciales ‘que hacen que la ciudad crezca menos de lo que podría avanzar si tuviera seguridad hídrica’.
Explicó que el menor crecimiento de la ciudad nortina fue evaluado —con distintos análisis econométricos— en 0,72 puntos por debajo del crecimiento tendencial. Añadió que Arica en los próximos 10 años podría tener un PIB del orden de US$ 400 millones menor que el que tendría con certeza hídrica.

‘Estamos tratando de replicar ese mismo tipo de estudio en otras localidades, pero efectivamente tiene un costo esa inseguridad hídrica. Cuando se produce una restricción (de agua), el impacto puede ser mayor. El mismo estudio sobre Arica estima que si se debe cortar el servicio a un tercio de la población de manera rotativa, como pasó en su momento en Copiapó, producto de la falta de agua, el costo podría ser de US$ 60 millones al año’.

Kresse enfatizó que la escasez de agua merma el desarrollo económico de las ciudades.

Desaladoras
En Acades —integrada por 80 empresas— sostienen que la desalación es clave para dar seguridad hídrica. Según datos del gremio, en Chile existen 24 plantas desaladoras de tamaño industrial, con una capacidad superior a 20 litros por segundo. En total, suma una capacidad de producción de agua superior a los 9.500 litros por segundo.

A la vez, hay seis nuevas desaladoras en construcción —para la minería, multipropósito y con fines sanitarios, como la ampliación en Antofagasta—, que sumarán 4.500 litros por segundo.

Kresse consideró que es clave que se concreten los proyectos de desalación en Arica, Coquimbo (el MOP impulsa una iniciativa) y en la Región de Valparaíso (Aguas Pacífico está desarrollando una en Puchuncaví). ‘Si no partimos hoy es probable que cuando tengamos el proyecto finalizado, el producto andando, ya puede que sea tarde. Tenemos que transmitir esa urgencia’.

Costo y ‘permisología’
Alberto Kresse manifestó su preocupación por los extensos plazos para desarrollar un proyecto de desalación, el cual tarda entre ocho y 10 años, debido a las diversas autorizaciones que debe sortear. ‘Eso genera una incertidumbre que limita el desarrollo de este tipo de infraestructura, lo que redunda al final en el abastecimiento’.

Con relación al proyecto de ley que modifica la administración del borde costero y las concesiones marítimas, que propone traspasar la administración de estas competencias desde la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas al Ministerio de Bienes Nacionales, el presidente de Acades no manifestó una visión tajante respecto de sus beneficios.

Sobre los costos de la desalación para los usuarios, el ejecutivo comentó que ‘desalar agua de mar cuesta entre uno y dos dólares por metro cúbico. Estamos hablando de uno a dos pesos por litro de agua. No parece tanto. Muchas veces es más caro transportar el agua hacia los centros de consumo’. En esa línea, añadió que ‘podemos hacer esto de manera ordenada. Favorecer proyectos que abastezcan las zonas más cercanas a la costa y liberamos con eso las aguas continentales, que pueden ser utilizadas para otras actividades o mantenerlas dentro de los ecosistemas’.

Advirtió que un mayor costo implica ‘quedarnos sin agua. El agua más cara es la que no se tiene’.

Proyecto Dominga
Kresse también se refirió al polémico proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en La Higuera, Región de Coquimbo, que contempla el desarrollo de una desaladora. Al respecto, sostuvo que ‘estamos convencidos de que hoy día tenemos la tecnología, la técnica y la experiencia para hacer desaladoras que no tengan ningún impacto en el entorno’.

Agregó que ‘creemos que es perfectamente compatible una desaladora en esa zona para este proyecto’.