Reporte Minero
Expertos y profesionales de la industria han aplaudido este paso que demuestra la voluntad del Ejecutivo de dotar de una regulación integral a la industria de la desalación a fin de que ésta se transforme efectivamente en una nueva fuente de agua para el país. “Tal intención se manifiesta al proponer una estrategia nacional de desalinización, que permita generar los incentivos y directrices que regularán el futuro del sector”, señala el gerente general de Econssa, Patricio Herrera.
El proyecto “sobre el uso de agua de mar para desalinización” (Boletín 11.608-09), actualmente se encuentra en primer trámite constitucional y está siendo discutido en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación del Senado, y contiene avances significativos como el derecho del concesionario a imponer servidumbres legales que amparan la instalación de obras de producción, transporte y distribución de agua desalada, la facultad de la Dirección General de Aguas para determinar reserva de capacidad de producción de agua de hasta un 5% en aquellos proyectos industriales que consideren una proporción inferior al 50% para el consumo humano y saneamiento, y la creación de una tipología de ingreso al SEIA para los proyectos de magnitud industrial.
Sin embargo, diversos juristas han levantado algunas consideraciones que debieran incorporarse en su discusión legislativa para que la nueva regulación no se transforme en un obstáculo a la inversión y al desarrollo de proyectos, particularmente de naturaleza multipropósito.
El abogado, con más de 15 años de experiencia en proyectos de energía y agua, Ignacio Rodríguez, advierte dos componentes fundamentales de implementar. Por un lado, la importancia de contar con herramientas que permitan asegurar el financiamiento de proyectos que requieren inversiones cuantiosas. “Resulta muy importante que los bancos y entidades financieras participen de este proyecto de ley, de lo contrario corremos riesgos de que los proyectos tengan serios problemas para financiarse y eso sería una tragedia para la urgencia y seguridad hídrica que Chile necesita”. Agrega que, quizás lo más importante, es que “este diseño regulatorio presenta altos riesgos de discrecionalidad administrativa y no posee un régimen recursivo que actúe como un contrapeso objetivo al potencialmente excesivo poder que se entrega a un servicio público dependiente del Poder Ejecutivo y del gobierno de turno”.
En esto coincide el abogado Julio Reyes de Aguas Nuevas, quien indica que “el proyecto, lamentablemente, genera diversas incertidumbres para el desarrollo de nuevos proyectos, como establecer como requisito habilitante para las Concesiones, su conformidad a una Estrategia Nacional de Desalinización, y en general, se trata de un procedimiento que resulta poco claro”. Es enfático en señalar que la iniciativa “debe tratar de reforzar la capacidad de los sectores productivos para ampliar la capacidad de desalación, viabilizar nuevos proyectos, servir de reserva o directamente para la provisión del consumo humano, o para otros sectores productivos.”
Por otro lado, Mauricio Riesco, abogado de HD Legal, también advierte este problema. “Es necesario reducir al máximo los espacios para la arbitrariedad en la toma de decisiones por parte de la autoridad”. Agrega que “no parece razonable que la autoridad se reserve el derecho a autorizar o rechazar un eventual cambio de uso de las aguas (..) Parece conveniente aclarar que la autoridad tome decisiones en igualdad de condiciones con empresas públicas y privadas”. Como ejemplo, el abogado se refiere a la necesidad de condensar al máximo posible la regulación de esta actividad. “Desarrollemos esta industria a la antigua, con una ley y un reglamento, evitando la proliferación de estrategias, reglamentos, manuales, instructivos, guías metodológicas, planes estratégicos, normas técnicas, etc. que son la fuente de la actual híper-regulación paralizante”.
El 17 de junio de este año, la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, ACADES, presentó sus observaciones a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. En la instancia, el gremio destacó el avance que significa contar con una regulación integral que otorgue certeza jurídica al desarrollo de la industria. Sin embargo, también reparó que la iniciativa propone una gobernanza difusa que delega el otorgamiento de las concesiones a un ministerio competente que, hoy sería el Ministerio de Defensa y que luego podría ser otro como Bienes Nacionales, a pesar de que el órgano a cargo de la evaluación de la solicitud de concesión es la Dirección General de Aguas, que depende del MOP. Plantearon, en consecuencia , la necesidad de simplificar el actual procedimiento radicando las competencias para el otorgamiento de estas concesiones en el MOP.
