El plazo formal para obtener una concesión marítima podría ampliarse con el nuevo diseño que propone el Gobierno. Una revisión etapa por etapa realizada por la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES) estimó que, en lo formal, un proyecto del sector debe enfrentar una tramitación de al menos 275 días, pero considerando las distintas etapas donde los solicitantes pueden enfrentar retrasos o solicitudes de información, junto con aquellas etapas del trámite que tienen tiempos discrecionales o indefinidos, el tiempo final puede escalar a 310 días.
En este esquema se consideran las nuevas disposiciones planteadas por el Gobierno en el proyecto de ley que modifica la administración del borde costero y las concesiones marítimas, para traspasar la entrega de este permiso desde la Subsecretaría de Fuerzas Armadas al Ministerio de Bienes Nacionales. Sin embargo, en el caso de una planta desaladora, existe otro proyecto de ley en trámite que exige además la intervención de la Dirección General de Aguas (DGA), etapa que en sí misma añade cerca de 100 días al proceso (ver infografía).
La intención del Gobierno en optimizar la entrega de concesiones marítimas responde a un diagnóstico interno, como también el que realizó la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), que posicionó a este trámite como uno de los símbolos de la ‘permisología’, con demoras promedio que alcanzaban 45 meses, muy por encima del plazo legal. En este sentido apunta la crítica del vicepresidente ejecutivo de ACADES, Rafael Palacios, quien cuestionó que ‘los plazos legales, que no son los plazos reales, se duplican desde seis meses para obtener una concesión marítima, que es en teoría el plazo legal de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas para otorgar la concesión, pero que se puede demorar hasta tres años. De seis meses subimos a un año el plazo legal; bajo el objetivo de reducir los plazos, esto va hacia el otro lado’.
Consultados por ‘El Mercurio’ respecto de este cuestionamiento, en el Ministerio de Bienes Nacionales argumentan que ‘hay que recordar que el actual plazo máximo vigente, de seis meses, es abiertamente incumplido. La CNEP ha señalado que el plazo promedio de tramitación efectivo es de 44 meses, este se ha reducido gracias al esfuerzo extraordinario del Ministerio de Defensa, pero no ha llegado ni a los seis meses, ni a los 12 meses promedio que le toman al Ministerio de Bienes Nacionales las concesiones sobre bienes fiscales’.
Menos certezas
Más allá del tiempo de tramitación, el flujograma analizado por ACADES da cuenta también de todas aquellas etapas que, eventualmente, pueden retrasar el proceso de entrega de la concesión. Además del examen de admisibilidad que opera hoy, Palacios cuestiona que se añaden tres otras instancias que pueden derivar en el rechazo de una solicitud: ‘Eso es básicamente un vía crucis. O sea, tú vas al examen de admisibilidad, te pueden rechazar, te pueden solicitar más antecedentes, pero la cosa no termina ahí, sino que hay tres instancias posteriores donde tu solicitud puede ser objeto de observaciones y rechazo. Eso también atenta contra la seguridad jurídica, contra la certeza de la inversión’.
Quien elaboró el informe para ACADES fue Ronaldo Díaz, de Cochrane Consultores, y exjefe del Departamento de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. El experto sostiene que en cada una de las instancias de rechazo se observan procedimientos discrecionales, como en el informe técnico que elabora Bienes Nacionales tras el examen de admisibilidad inicial: ‘Mediante este, Bienes Nacionales le podrá exigir al solicitante que modifique su solicitud para que esta pueda seguir el proceso de otorgamiento. En esta etapa la respuesta del solicitante es un binomio, un sí o un no, si él no está de acuerdo en ajustar su proyecto a la exigencia de la autoridad, la solicitud se entenderá como desistida’.
Otra instancia de rechazo es la posibilidad de sobreposición con otra solicitud en el mismo sector de concesión marítima. ‘Los criterios para que el ministerio pueda resolver la controversia son bastante amplios y no entregan una verdadera salida a estos nudos’, cree Díaz. La última ventana de rechazo está en la DGA, si emite un informe negativo —al final del proceso— en su revisión interna.
En este sentido, en Bienes Nacionales sostienen que las posibilidades de rechazo ‘siempre van a existir, no podemos perdernos en eso. Por algo las solicitudes deben ser evaluadas, para cuidar bienes preciados para todos los chilenos y chilenas’. Añaden que ‘las indicaciones incorporan instancias para que los titulares puedan replantear sus proyectos para que se ajusten a la normativa y sean aprobados. Ejemplo de eso es la figura de ‘ofertas de condiciones’, en la que se ofrece al solicitante modificar su solicitud para que sea evaluada correctamente’.
Foco estratégico
En el gremio cuestionan la prioridad que el diseño de ambos proyectos asigna al desarrollo de plantas desaladoras como industrias estratégicas en materia de eficiencia hídrica. ‘El proyecto de ley de desalación nació, obviamente, como un procedimiento administrativo específico para esta industria, y no tenía nada que ver con esto (…), terminó desfigurándose y se fue complicando a un nivel que hoy día uno mira los dos proyectos, y dice esto claramente no va a favorecer el desarrollo de una industria donde hoy día se necesita realizar inversiones en infraestructura hídrica con relativa urgencia’, lamenta Palacios.
Cree que el sector debería tener un tratamiento similar al eléctrico, que cuenta con una concesión específica otorgada por la superintendencia sectorial, ‘con el conocimiento que se requiere para poder otorgar una concesión, que al final no es más que la autorización para utilizar bienes nacionales de uso público’.
En Bienes Nacionales dicen valorar el análisis del sector y manifiestan su apertura al diálogo para mejorar el proyecto. En particular respecto de las desaladoras, además, aseguran que ‘las indicaciones contemplan la figura de las subcategorías, la que permitirá que el procedimiento propuesto sea coherente con la normativa propuesta en materia de desalinización, por lo que para dichas solicitudes el procedimiento tardará una fracción de los plazos máximos establecidos’.