Informe de ACADES ahonda en los obstáculos regulatorios que a juicio de la industria impiden desarrollar proyectos de reúso de aguas servidas

País Circular

Una de las conclusiones del análisis realizado por la Asociación Chilena de Desalación y Reúso es que se requiere de incentivos que motiven las inversiones para poder reutilizar las aguas que actualmente son descargadas por las sanitarias en los emisarios submarinos. El vicepresidente ejecutivo de la asociación gremial, Rafael Palacios, explica que se trata de inversiones importantes y a largo plazo para las plantas de tratamiento y para el posterior transporte del agua hacia los clientes, principalmente industriales y agrícolas. En ese sentido, consideran que para facilitar el desarrollo de proyectos de reúso se debe abordar el tema de las tarifas sanitarias, que actualmente se fijan a cuatro años. Palacios, quien fue parte del equipo coordinador de la comisión técnica que realizó el estudio, conversó con País Circular sobre esta y otras conclusiones.

Hace unas semanas la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, ACADES, dio a conocer el documento Reúso de aguas residuales. Propuestas para su impulso en Chile, donde un grupo de especialistas hace un análisis de la situación actual, determina algunos obstáculos y presenta opciones para avanzar en proyectos de tratamiento y reúso de aguas servidas.

El vicepresidente ejecutivo de ACADES, Rafael Palacios, quien fue parte del equipo coordinador de la comisión técnica que realizó el estudio, explica que el enfoque de la industria es muy distinto a lo que propone un proyecto de ley sobre esta materia (Boletín N°15.690-33) ingresado por moción en enero de 2023, y que actualmente está en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado. La iniciativa, denominada Regula y fomenta los sistemas de tratamiento y de reutilización de aguas residuales, tiene una “orientación equivocada”, plantea Palacios.

Entonces, si bien ACADES presentó ante dicha Comisión sus puntos de vista, también quiso elaborar un documento donde presenta esa visión y otras alternativas para impulsar el reúso de agua. “En la Asociación hicimos un grupo de trabajo donde estaban los tres grupos sanitarios que son socios, más otros expertos, incluida Econssa. Identificamos el panorama y plasmamos las que son -hasta ahora- nuestras propuestas”, comenta el ejecutivo de la gremial.

Las conclusiones de ACADES fueron presentadas a mediados de junio en Antofagasta, durante un seminario sobre reúso de aguas organizado por Econssa Chile, empresa sanitaria del Estado que gestiona el sistema de disposición de aguas servidas de la ciudad de Antofagasta y que actualmente tiene en trámite un proyecto de planta de reúso.

En concreto, el enfoque de la asociación gremial se concentra en el agua que se descarga al mar mediante emisarios submarinos luego de un tratamiento primario realizado por las empresas sanitarias. Es decir, no aborda el agua residual tratada que se devuelve a otros cuerpos hídricos como ríos y lagos, debido a que esa agua ya es objeto de lo que denominan “reúso indirecto” e implica a propietarios de derechos de aprovechamiento de aguas. “En las aguas servidas tratadas que se disponen en cuerpos de aguas superficiales hay derechos de terceros constituidos y por lo tanto la cosa se traba”, explica Rafael Palacios.

Asimismo, las sugerencias de ACADES apuntan a una utilización industrial -especialmente minero- y eventualmente agrícola de las aguas residuales tratadas. Consultado respecto al uso para consumo humano, Palacios responde que hay países donde se hace -como Singapur- y, si bien no descarta la posibilidad, subraya que implica inversiones mucho mayores para los sistemas de tratamiento y, posiblemente, podría generar alguna resistencia por parte de la población.

“La diferencia está en que el proyecto de ley busca establecer una obligación, y nosotros estamos planteando que podemos llegar a un resultado igual o mejor, pero sin establecer obligaciones, sino estableciendo los incentivos adecuados para que esas plantas de tratamiento se construyan”.

Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de ACADES.

-¿Cómo surge la idea de elaborar el documento Reúso de aguas residuales. Propuestas para su impulso en Chile?

Esto nace porque el proyecto de ley que está en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado tiene una orientación totalmente distinta y, para nosotros, equivocada. Ese proyecto busca establecer una obligación de las empresas sanitarias de tratar al menos el 30% de las aguas que dispongan por emisario submarino. Y eso va a redundar inefablemente en un alza de tarifa, y con el contrasentido de que podríamos estar tratando el agua y botándola igualmente en el mismo emisario submarino.

Entonces, como está ese proyecto de ley con una orientación que a nuestro juicio no incentiva el reúso y, más encima, sube las tarifas, decidimos ahondar mucho más en cuáles son los verdaderos obstáculos que vemos hoy día en términos regulatorios que han impedido el desarrollo de estos proyectos.

-¿Cuál es el principal objetivo de este paper?

El principal objeto del documento es básicamente dar cuenta de que hoy día el obstáculo principal que hay para que estos proyectos se lleven adelante es -por ponerle alguna etiqueta- de corte regulatorio. Y tiene que ver con el horizonte de la estructura tarifaria, considerando que las tarifas sanitarias se fijan cada cuatro años. Y siendo el reúso de las aguas servidas tratadas un negocio que la legislación sanitaria considera “no regulado”, la Superintendencia [de Servicios Sanitarios, SISS] ha establecido un criterio que se llama de “compartición de beneficios”. Significa que si la empresa sanitaria genera algún negocio “no regulado”, parte de la utilidad que genera ahí tiene que ser compartida con los usuarios.

Ese criterio está ok, pero cuando entramos en proyectos que requieren inversiones relevantes, cuya rentabilidad se evalúa en horizontes de más largo plazo -10 o 15 años-, la incerteza que genera el que una decisión de la autoridad solamente se extiende por un periodo tan corto como cuatro años, echa abajo el negocio. Ese criterio de cuatro años no es compatible con la evaluación de un proyecto de inversión de una magnitud de 50 o 60 millones de dólares, que requiere una tasa de retorno y una evaluación económica que normalmente se plantea entre 10 y 20 años.  Entonces, el decreto tarifario   de cuatro años impide, finalmente, poder tomar la decisión de inversión.

Dos inversiones: tratamiento y transporte

-¿Ustedes establecen alguna diferencia en relación al tipo de tratamiento de las aguas servidas que se menciona en el proyecto de ley que está en trámite?

En términos de tratamiento yo diría que es equivalente. O sea, el proyecto de ley propone esta cuota del 30% que tenga que ser un tratamiento no primario [el más básico], sino que un tratamiento más allá, digamos, de la disolución de los sólidos, y otras cosas que se hacen hoy día con este pretratamiento. El tratamiento es el mismo, porque el agua tiene que estar en condiciones de ser utilizad y, por lo tanto, no debe tener ni coliformes, ni ninguna de las cosas que la norma chilena establece.

Entonces, en cuanto a mejorar el tratamiento, es el mismo estándar. La diferencia está en que el proyecto de ley busca establecer una obligación, y nosotros estamos planteando que podemos llegar a un resultado igual o mejor, pero sin establecer obligaciones, sino estableciendo los incentivos adecuados para que esas plantas de tratamiento se construyan. Esa es la diferencia.

-Y el incentivo pasa por un cambio en el tema tarifario…

Exactamente; que se puedan materializar las inversiones. Porque en los lugares donde hay demanda de agua, hay mucho interés por hacer estas plantas.

Aquí estamos hablando de dos inversiones que van de la mano: una es el tratamiento, que probablemente no es la mayor inversión; y el transporte del agua, que es la mayor inversión. Porque el cliente, la persona que va a utilizar esa agua, ya sea el cliente agrícola, minero, etc., no está al borde de la playa, donde está el emisario submarino donde se va a hacer la planta. Entonces, hay que llevar el agua. Esa inversión es bastante más alta e igualmente necesaria  para poder materializar este tipo de proyecto. Ese es probablemente el gran cuello de botella: llevar el agua a la persona que la necesita, a la industria que la necesita. Esa inversión es la que no encuentra cabida en el decreto tarifario, de los cuatro años, más el esquema de compartición de beneficio.

-¿Cuál es el volumen de agua potencialmente reutilizable?

Estamos hablando de unos 8.000 litros por segundo, que es la cantidad que se dispone mediante los emisarios submarinos [son 32 en todo el país]. No es poca agua si pensamos que la capacidad de desalinización que tenemos en Chile hoy en día son como 9.500 litros por segundo. En definitiva, es harta agua que no estamos aprovechando.

-Si se compara el reúso con la desalinización, ¿cuáles son los pro y los contra de cada una?

Ambas son súper complementarias. Miremos lo que hace Israel, que alimenta a sus ciudades, a la población, con agua desalada, y luego reutiliza el 100% de esa agua en la agricultura y en la industria. Ese es un buen esquema al que deberíamos tratar de apuntar. En términos de costos, el transporte es idéntico para ambas fuentes -el reúso y la desalación-, y es una barrera porque es caro llevar al agua.

La desalinización tiene mucho más sentido en las ciudades costeras, básicamente porque se ahorra el transporte. Esto es un poco lo que hace la ciudad de Antofagasta. Y el reúso tiene mucho más sentido para la agricultura y la industria, es más competitivo el reúso en un tratamiento secundario. Cuando tenemos que llevarlo a un tratamiento terciario, es decir, para reutilizar el agua para incorporarla al ciclo sanitario, ahí tengo dudas del tema del costo.

“Ese criterio de cuatro años no es compatible con la evaluación de un proyecto de inversión de una magnitud de 50 o 60 millones de dólares, que requiere una tasa de retorno y una evaluación económica que normalmente se plantea entre 10 y 20 años. Entonces, el decreto tarifario de cuatro años impide, finalmente, poder tomar la decisión de inversión”.

Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de ACADES.

-¿Qué creen que debiera ocurrir ahora para avanzar en el reúso de aguas servidas tratadas?

Estamos mirando con mucha atención el proceso que está llevando adelante Econssa. Es un proyecto de reutilización de las aguas servidas tratadas de la ciudad de Antofagasta que hace poco firmó con los clientes. Firmó con la empresa Glencore [dueña de la Compañía Minera Lomas Bayas], que va a ocupar el agua reutilizada, y otros dos clientes que no se han dado a conocer. Además, están en una licitación pública donde varios desarrolladores están compitiendo por hacer la planta de tratamiento y el transporte.

Esto es muy importante porque viene a quebrar una tendencia. Es el primer proyecto que se va a realizar y que creemos y esperamos que sea exitoso, y ese hito va a ser bien relevante para demostrar que los obstáculos que estamos viendo son posibles de vencer.

En el caso de Econssa, el proyecto tiene la particularidad de que es una empresa estatal, entonces tiene un “juego de piernas”, una libertad para hacer esta licitación. Siendo exitoso el proyecto de Econssa, vamos a ver que hay interés en hacer estas plantas, en ocupar el agua y, por lo tanto, ahí el segundo paso sería abordar con la Superintendencia de Servicios Sanitarios cómo podemos generar ese modelo tarifario de largo plazo, cómo podemos generar una estructura tarifaria que vaya más allá de los cuatro años. A lo mejor no se necesita un cambio regulatorio. Ahí tenemos que estudiar bien, en conjunto con la SISS, cómo podemos generar esa certidumbre que requiere el inversionista en el largo plazo para poder replicar esta experiencia de Antofagasta en Iquique, en Arica, en Valparaíso, y en otras ciudades. Ese sería un segundo paso, tendríamos que hacer una mesa de trabajo con la SISS.

-¿Esto sería en paralelo al avance legislativo del proyecto de ley de reúso?

La agenda de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado estableció que primero iba a sacar el proyecto de desalación. Una vez que eso se despache, retomamos reúso.

Ese sería el tercer paso. Estableciendo ya un modelo tarifario de largo plazo, que permita hacer viables esas inversiones, vamos a llegar a la discusión legislativa con un caso de éxito como el de Antofagasta y ojalá algunos otros en carpeta. Así va a ser mucho más fácil avanzar o apalancar la solución tarifaria a la que se haya llegado, a través de la ley. Si el paso dos no resulta y la legislación amarra a la SISS a que no hay posibilidad de que emita un decreto o establezca un criterio más allá de los cuatro años, eso nos va a llevar necesariamente a la discusión legislativa, y el proyecto de ley va a tener que propiciar que la regulación tarifaria permita generar estas señales de largo plazo.